La brecha en el acceso y costo del gas natural en el Perú evidencia una marcada desigualdad regional, llegando a pagarse en provincias hasta 2,6 veces más por este recurso que en Lima y Callao. Mientras la capital e Ica concentran el 94 % del consumo nacional y elevados niveles de cobertura residencial, la ausencia de ductos de transporte en el Norte y Sur obliga al traslado de gas mediante camiones cisterna, encareciendo las tarifas comerciales e industriales por los costos adicionales de licuefacción y regasificación. Con solo 1558 kilómetros de gasoductos instalados en el país —una infraestructura cinco veces menor que la de Colombia y diez veces menor que la de Argentina—, el Poder Ejecutivo busca impulsar un mecanismo de tarifa nivelada. No obstante, analistas advierten que si dicha medida se financia a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) sin ampliar la red de distribución ni incentivar la demanda de grandes usuarios, se pondrá en riesgo la sostenibilidad del fondo sin resolver los problemas estructurales de masificación.
A las limitaciones de transporte se añaden la trabas burocráticas municipales para obtener permisos de vías y una severa contracción en la inversión en exploración hidrocarburífera, la cual cayó 18 veces en la última década y ha provocado nueve años consecutivos de descenso en las reservas probadas. A pesar de este contexto, la masificación del gas natural es estratégica para la competitividad regional y la seguridad energética nacional. En 2025, el recurso representó el 35 % de la matriz eléctrica del país, consolidándose como la alternativa de respaldo más económica y eficiente frente al encarecimiento de la energía causado por las reducciones en la generación hidroeléctrica y eólica durante eventos climáticos como El Niño.
Fuente: Diario Gestión, pág. 12, 24 de agosto del 2026.